Salvador Ruiz, uno de los vocales de la Sala I en lo Contencioso Administrativo que firmó la -ya revocada- sentencia anulatoria de las elecciones provinciales, escribió una frase breve, aunque contundente, para anunciar su dimisión como integrante de la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT). “Teniendo en consideración el cansancio moral y hastío que experimento al advertir que pertenezco a una asociación identificada con valores ajenos al ejercicio de la magistratura, puesta de manifiesto en la pasividad, rayana a la complicidad, demostrada por esa asociación ante los acontecimientos que tomaron estado público y que padecí junto con los integrantes de mi grupo familiar, presento mi renuncia indeclinable”, señaló el magistrado en la nota que giró ayer a Roberto Paz, titular de esa entidad.

El viernes pasado, dos días después de que dictara el fallo anulatorio de los comicios junto a la camarista Ebe López Piossek, Ruiz y su colega sufrieron escraches. Hubo pegatinas con los rostros de ambos acusándolos de haber vulnerado la voluntad popular. Además, desconocidos arrojaron piedras en la casa de la jueza. Ese día, el gobernador José Alperovich también objetó a Ruiz por su desempeño en la causa iniciada por los opositores José Cano y Domingo Amaya. “(El juez) tiene un hijo en la Junta Electoral, debería haber renunciado”, lanzó el mandatario provincial.

El lunes a la madrugada, la Corte Suprema de Tucumán revocó la sentencia dictada por la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Si bien los cinco votos fueron disímiles, hubo unanimidad al objetar los alcances de la decisión de los vocales. LA GACETA le preguntó a Ruiz cómo había recibido la sentencia del alto tribunal. “En lo jurídico, totalmente alejada de los hechos comprobados en la causa. En lo personal, perplejo, pero con tranquilidad moral”, manifestó el magistrado. Luego, agregó que su renuncia a la AMT “es una decisión personal”. “Fue por no sentirme contenido por la Asociación que dice representarme”, manifestó.

Ruiz había expresado en la sentencia duras críticas hacia el sistema electoral, y había marcado que los tratados internacionales a los cuales suscribió la Nación condenan el clientelismo y otras prácticas electoralistas. “No fue materia de discusión cuántos votos tenía uno o tenía otro (en alusión al oficialismo y la oposición). Si está viciado el procedimiento, es lógica consecuencia que se ordene que se vuelva a votar”, había dicho el juez tras dictar el fallo.